Las organizaciones internacionales vemos con preocupación el creciente deterioro del sistema de justicia de Guatemala, y la forma en que se está desvirtuado la naturaleza del Ministerio Público (MP). En lugar de fortalecer las investigaciones y la persecución penal contra redes de corrupción y estructuras del crimen organizado, el MP se está utilizando para perseguir a operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos comprometidas con la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Esto ha provocado que más de 20 ex funcionarios de justicia hayan tenido que salir al exilio.
Seguimos de cerca el proceso de elección del próximo fiscal general y nos preocupa que entre los aspirantes se encuentran varias personas cercanas al presidente Alejandro Giammattei, lo cual compromete la independencia e imparcialidad del próximo fiscal general. Además, nos sorprende que la actual fiscal general, María Consuelo Porras, esté buscando su reelección después de ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por obstruir la justicia, y porque diferentes sectores sociales han exigido su renuncia por la criminalización contra operadores de justicia, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos.
Esperamos que la Comisión de Postulación tome con seriedad las objeciones que las organizaciones de la sociedad civil presentaron en contra de aspirantes con vínculos directos con el presidente Giammattei y personas con intereses particulares en la justicia. Es importante que la Comisión de Postulación evalúe con objetividad la capacidad, independencia y ética de todas y todos los aspirantes, como lo establecen las leyes guatemaltecas y los estándares internacionales.
En repetidas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas han hecho recomendaciones a Guatemala sobre la importancia de garantizar la objetividad, publicidad y transparencia en los procesos de elección de fiscal general y magistrados de las altas cortes del país.
Finalmente, manifestamos nuestro desacuerdo con la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anula la elección de la magistrada Gloria Porras para integrar el tribunal constitucional. La magistrada Porras fue electa de manera legítima por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos en marzo del 2021 y de manera sistemática se le ha impedido tomar posesión del cargo, como represalia por su labor independiente durante los dos períodos en que se desempeñó como magistrada de la CC. Esta resolución acrecienta el deterioro del sistema de justicia en Guatemala y con ello se vulnera el acceso a la justicia para toda la población.
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