El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador removió irregularmente a la totalidad de magistradas y magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de El Salvador e impuso una nueva confirmación mediante designación directa de sus reemplazos.
Con el objetivo de detectar continuidades, retrocesos y avances en los criterios jurisprudenciales ya consolidados de la Sala, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación DTJ, el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional y Fundación Cristosal impulsaron una investigación que documentó la etapa inicial de su funcionamiento. Además, analizó las medidas administrativas y organización interna de la Sala que tuvieron impacto real o potencial sobre la protección de los derechos y libertades de las y los salvadoreños, particularmente, sobre el derecho de acceso a la justicia.
A nivel de gestión y administración, el informe Justicia en Pausa: Informe sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvador documenta los traslados de personal clave, graves retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Sala, una disminución anómala de la cantidad de ingresos y un aumento exponencial de egresos (procesos terminados), la mayoría rechazos liminares.
A nivel de la jurisprudencia, este informe detecta algunas continuidades y, sobre todo, retrocesos graves y una preocupante desmejora en la calidad de la jurisprudencia, ya sea porque (i) establecen requisitos más rigurosos para acceder a la jurisdicción, (ii) debilitan el control de constitucionalidad, (iii) reducen el contenido de los derechos fundamentales o sus garantías, o (iv) dificultan o bloquean la impugnación de los actos públicos por violaciones a la Constitución. Como parámetro de comparación se utilizó a la jurisprudencia constitucional previa al 1 de mayo de 2021.
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