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El 12 de diciembre de este año culmina el periodo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas. Por ello, en las próximas semanas, el Presidente de la República deberá someter al Senado una terna de posibles candidaturas, y éste deberá elegir entre ellas al nuevo ministro o ministra, con el voto de las dos terceras partes de las y los presentes. La elección de ministras y ministros de la SCJN es uno de los procesos más relevantes de nuestra democracia, pues la SCJN es el máximo órgano de justicia de México y tiene como mandato verificar que ninguna norma u acto de gobierno vulnere la Constitución y los tratados internacionales, así como resolver los conflictos que surgen entre los diferentes Poderes y órdenes de gobierno.
La SCJN está integrada por tres ministras (que representan el 27% del total) y ocho ministros (el 73%), lo cual refleja la imperiosa necesidad de reducir la brecha en el acceso de las mujeres a este espacio de decisión pública. Para ello, es fundamental que la terna esté conformada exclusivamente por mujeres con trayectorias que destaquen por su reconocida integridad, su conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos, su capacidad para evaluar las controversias jurídicas desde una perspectiva de género, y su ausencia de vínculos que pongan en riesgo la independencia de nuestro máximo tribunal.
DPLF, junto a organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y personas defensoras de derechos humanos estamos convencidas que los procesos de designación son una vía potente para fortalecer a la SCJN. En la medida en que se conduzcan bajo los más altos estándares de transparencia y máxima publicidad, de participación ciudadana y de rendición de cuentas, se podrá dotar de confianza y legitimidad a las decisiones públicas.
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