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EL SALVADOR: En septiembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa anunció que iniciaría el debate para elaborar y eventualmente aprobar una Ley de Justicia Transicional. Esta iniciativa se enmarca en el cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional, que en julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1983, la cual había impedido el juzgamiento de los crímenes más graves cometidos durante la guerra (1980-1992) en ese país. En esta decisión la Sala, no solo dejó sin efecto la Amnistía; sino que, ordenó a la Asamblea Legislativa legislar en materia de justicia transicional, especialmente lo relacionado a la apertura y entrega de archivos militares relacionados con violaciones de derechos humanos, la creación tanto de un registro de víctimas como de un programa y un fondo de reparaciones, y su respectivo presupuesto.
Inicialmente la Asamblea Legislativa no dio muestras de querer acatar ese fallo; pero, tras la presión nacional e internacional, y el seguimiento que dio la misma Sala de lo Constitucional, la Asamblea finalmente inició en 2019 un proceso para elaborar dicha legislación. Durante ese período, con actitud propositiva, diversas asociaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil – incluyendo DPLF-, organizamos consultas con diversos sectores, expertos y expertas, y presentamos al menos 3 proyectos de Ley ante la Asamblea Legislativa, que recogían los estándares internacionales y los parámetros constitucionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Ese proceso culminó con la aprobación, en 2020, de la “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”, que recogía algunas de las propuestas de víctimas y sociedad civil, pero que contenía disposiciones que implicaban una nueva forma de amnistía, similar a la de 1993, restableciendo la impunidad que se quería combatir. Esta Ley fue vetada por el Presidente Nayib Bukele por vicios de inconstitucionalidad, devolviendo a la Asamblea el documento para que iniciara el debate legislativo y estudiara los puntos en discordia. El legislativo nunca analizó ese veto.
Por tanto, el anuncio de la Asamblea Legislativa de partir de cero con una Ley de Justicia Transicional ha causado preocupación y rechazo en las víctimas, pues se está dejando de lado esfuerzos anteriores que deberían ser retomados.
En todo caso, y para seguir aportando, las asociaciones de víctimas y organizaciones de sociedad civil presentamos una propuesta de legislación actualizada a la Asamblea Legislativa. Ello, con el fin de contribuir a un proceso de diálogo amplio, representativo, transparente y participativo que culmine con la aprobación de una norma que ofrezca certeza de verdad, memoria, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, en correspondencia con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General y los estándares internacionales de derechos humanos.
Como en ocasiones anteriores, antes de presentar la propuesta a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley ha sido sometido a un proceso de consulta con diversas víctimas, otras organizaciones de derechos humanos y personas expertas del ámbito internacional.
Ver Comunicado de víctimas y organizaciones de derechos humanos
Ver Ley de Justicia Transicional presentada por victimas y organizaciones de derechos humanos