La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) tiene algunos de los mandatos más importantes en el marco del adecuado funcionamiento de un Estado democrático de derecho: la dirección de la investigación y la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, El Salvador se ha visto progresivamente afectado por un imperante marco de impunidad, lo que obliga a voltear la mirada hacia esta importante institución que forma parte del sistema de justicia del país y a indagar sobre su desempeño
¿Fiscalía Cómo Vamos? Auditoría ciudadana al funcionamiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador es un esfuerzo coordinado de un grupo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el fortalecimiento de la autonomía y la eficiencia de esta institución. Este documento parte de un diagnóstico que busca identificar áreas de mejora que permitan una gestión estratégica de la persecución penal, orientada a la obtención de resultados objetivos y medibles, comprometida a garantizar los derechos de las víctimas y que contribuya a reconstruir la confianza y credibilidad en la FGR, en el sistema de justicia penal y en el valor del Estado de derecho en general.
Asimismo, presenta un análisis crítico del funcionamiento de la institución sobre ocho temas de interés: (i) la designación del fiscal general adjunto, (ii) el funcionamiento y nombramiento del Consejo Fiscal y del Auditor Fiscal, (iii) la transparencia y el acceso a la información fiscal, (iv) la persecución criminal estratégica (v) la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, (vi) el relacionamiento y apertura institucional a víctimas, (vii) la calidad de investigación y persecución de delitos de impacto social, y (viii) la relación con un mecanismo internacional de apoyo, como fue el caso de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Este informe es el primer esfuerzo conjunto e inclusivo de auditoría ciudadana a la FGR realizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Fundación Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Asociación Azul Originario (AZO), Acción Ciudadana, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
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