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Tras cinco años de la sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley de Amnistía General (Inc. 44-2013/145-2013), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y organizaciones defensoras de Derechos Humanos expresaron que el incumplimiento de esta ha sido casi absoluto por parte de todos los poderes e instituciones estatales, favoreciendo con ello la impunidad de violadores de los derechos humanos que perpetraron atrocidades en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador. Asimismo, las organizaciones demandan a todos los poderes e instituciones obligados por la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía dar pleno cumplimiento a la misma y superar las acciones u omisiones que favorecen a los victimarios y que han prevalecido hasta hoy.
Lee aquí el comunicado completo.
Lea aquí el posicionamiento de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica
