En El Salvador y en los Estados Unidos existen archivos históricos sobre la guerra civil salvadoreña (1980 – 1992) que son cruciales para que la sociedad, especialmente las víctimas, se encuentren con su pasado de forma reparadora y para que el Estado atienda sus compromisos pendientes con la verdad, la memoria y la justicia.
En El Salvador, las autoridades estatales responsables de custodiar los archivos oficiales sobre el conflicto armado han bloqueado sistemáticamente todo intento que se ha hecho por acceder a esa información, que resulta valiosa para las investigaciones penales o administrativas que buscan desentrañar la verdad y avanzar en la justicia de las atrocidades ocurridas durante ese período.
Por casi treinta años, el argumento principal que impidió toda investigación sobre ese oscuro pasado fue la aplicación de la ley de amnistía, aprobada en marzo de 1993, a escasos días de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad. Cuando se anuló esa normativa, en julio de 2016, por medio de una sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se abrió la posibilidad de iniciar procesos de justicia que permitieran sancionar a los responsables.
Sin embargo, la justicia aún no llega por diferentes razones. Una de ellas es la negativa gubernamental de poner a disposición de las investigaciones, los archivos sobre el conflicto armado que están en poder de las fuerzas armadas. El Estado salvadoreño ha recibido varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos –como la CIDH o el Relator especial de Naciones Unidad sobre justicia transicional– y sentencias judiciales –tanto en la jurisdicción constitucional como penal– en las que se ordena a las autoridades gubernamentales, especialmente el presidente de la República y la jerarquía militar, autoricen el acceso a esta sensible información, sin que se hayan acatado.
Por otro lado, al final de la década de los años setenta, durante los 12 años que duró la guerra civil en El Salvador, bajo la lógica de la guerra fría y el combate al “comunismo” Estados Unidos canalizó más de US$5 mil millones para apoyar la lucha contra la insurgencia y participó activamente en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Aunque han pasado muchos años desde el fin de la guerra civil, quedan pendientes muchas preguntas sobre el rol que jugó Estados Unidos en las violaciones de derechos humanos ocurridas en El Salvador. En 1993, el entonces Presidente Bill Clinton decidió publicar 12.000 documentos desclasificados relacionados a la participación de Estados Unidos en ese país. Estos documentos, y otros que se han desclasificado en años recientes, indican que el gobierno estadounidense tuvo más conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en El Salvador del que reconoció en su momento.
Para contribuir a una mejor comprensión a la temática, presentamos cuatro voces calificadas, que nos comparten su sobre la importancia de esos archivos, el tipo de información que contienen y la utilidad de esos archivos en la develación de ese pasado de la historia salvadoreña, aún no resuelto.
Puede ver estos vídeos en:
¿Qué tipo de información sobre la guerra civil salvadoreña se encuentra en documentos desclasificados de Estados Unidos y por qué es importante su difusión?
La especialista Angelina Godoy nos informa en el siguiente enlace:
¿Para qué sirve la información desclasificada en los Estados Unidos y las leyes de acceso a la información pública en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos?
Kate Doyle ofrece algunas respuestas en el siguiente enlace:
Edison Lanza, Ex Relator de la CIDH, comenta sobre la obligación de los Estados de dar acceso a información en poder de FFAA sobre graves violaciones de derechos humanos. Vea el vídeo acá:
Leonor Arteaga opina sobre la importancia para la verdad, memoria y justicia, de los archivos históricos en poder de la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR sobre la guerra civil de El Salvador. Vea el vídeo en el siguiente enlace:
