16 de julio de 2020.- Cuatro años han transcurrido desde la histórica sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. La derogación de esta ley fue posible gracias a décadas de lucha liderada por víctimas, familiares y sobrevivientes de las atrocidades ocurridas desde la década de 1970 y durante la guerra civil salvadoreña.
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