El pasado 06 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió sentencia en el proceso de amparo promovido por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, contra el Congreso de la República (Expediente No. 1169-2020), estableciendo diversos mandatos dirigidos a la Fiscalía, al Congreso y a los diputados individualmente, para proceder a la ultima etapa del proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones para el periodo 2019-2024.
Mediante el presente documento, ofrecemos recomendaciones para el cumplimiento de la sentencia en relación con la evaluación, análisis y ponderación de la información sobre los antecedentes de las y los aspirantes, tanto aquella que ha sido remitida por la Fiscalía General el pasado 29 de mayo, como la que se desprenda de las tachas, objeciones, y en general, de toda la información contenida en los expedientes remitidos al Congreso por parte de los entes postuladores.
Nuestro análisis se enfocará exclusivamente en la idoneidad ética de las personas aspirantes, que el ordenamiento jurídico guatemalteco ha plasmado en el requisito de la reconocida honorabilidad de jueces/zas y magistrados/as, y contiene una propuesta que cumple con los estándares internacionales aplicables, y se inspira en las lecciones aprendidas de la experiencia comparada y en la opinión de paneles internacionales de expertos que se han pronunciado sobre la evaluación de este aspecto.
