En los próximos meses, se elegirán en El Salvador, a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un órgano clave para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los salvadoreños y salvadoreñas pues ha emitido emblemáticas decisiones, como la declaración de invalidez de la Ley de Amnistía, estándares en materia de transparencia pública y rendición de cuentas, o la obligación de motivar los nombramientos de autoridades de segundo grado.
Dado el papel crucial de la Sala en la vida del país, sin máxima publicidad, mecanismos de participación ciudadana y criterios de evaluación uniformes, la designación de magistrados será altamente cuestionable. Por ello, DPLF se ha dado a la tarea de elaborar un documento crítico sobre el “Manual de Selección de Magistrados/das y Jueces/zas”. Si bien el Manual constituye un avance en la adecuación de la etapa de preselección a los estándares internacionales en materia de independencia judicial, existen áreas de oportunidad que pueden ser subsanadas..
Entre sus recomendaciones, DPLF señala que el desafío más importante es otorgar la máxima transparencia al procedimiento. Adicionalmente, deben establecerse criterios de evaluación homogéneos que den unidad al mecanismo de selección en su totalidad. Finalmente, para hacer una evaluación efectiva sobre aspectos como la independencia e imparcialidad del postulante deben diseñarse mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda hacer llegar al Consejo información relevante acerca de las relaciones que puedan generar conflictos de interés a los candidatos.
