Para acompañar el proceso de transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la nueva Fiscalía General de la República (FGR) de México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) presentan el documento "Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías" que recopila los lineamientos y salvaguardas institucionales que deben rodear la figura del Fiscal General, de los fiscales y de la institución de la Fiscalía, para garantizar su funcionamiento autónomo y libre de interferencias.
La función de investigar y perseguir el delito, y el ejercicio de la acción penal en representación del interés general de la sociedad, reviste una importancia central para la vigencia del Estado de Derecho y tiene un impacto directo en el acceso a la justicia y en el respeto de las garantías al interior del proceso penal.
Por ello, es importante que los diversos procesos que afectan la figura del Fiscal General (como su designación, perfil, remoción y duración del mandato), así como a los demás fiscales (ascensos, traslados, condiciones de servicio, seguridad, régimen disciplinario) y a la propia la institución de la Fiscalía (instrucciones generales, relación con la policía, mecanismos de rendición de cuentas) estén provistas de salvaguardas adecuadas que protejan su autonomía, y resulten acordes con los valores democráticos.
"No puede construirse una Fiscalía que persiga el delito eficazmente, si el diseño institucional no incluye salvaguardas que eviten las presiones e incluso su cooptación por grupos de poder que buscan impunidad. Sobre esto, la experiencia comparada y el derecho internacional tienen mucho que aportar" señaló Ursula Indacochea, Coordinadora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Marco Fandiño, Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) apunta que "En América Latina se ha expandido un modelo autónomo de fiscalía que garantiza mayores niveles de objetividad e independencia en el ejercicio de la persecución penal. Una parte importante de la criminalidad compleja en México tiene de alguna forma su origen en la estructura del Estado. Si la nueva Fiscalía General del República va a ser excesivamente dependiente del Poder Ejecutivo o del Legislativo, eso supondría mantener el status quo basado en la impunidad."
"La crisis de derechos humanos, corrupción e impunidad que ha golpeado a México en los últimos años, hacen necesaria una reforma profunda en las instituciones de procuración de justicia. Se requiere un Ministerio Público plenamente independiente para investigar los delitos, sin importar si comprometen a funcionarios estatales y sin que influyan decisiones políticas ni lealtades personales en el curso de la investigación; la autonomía va más allá del aspecto técnico y presupuestario: presupone una serie de medidas y contrapesos para garantizar que la Fiscalía sea realmente eficaz para combatir la impunidad en nuestro país", comentó Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, institución miembro del colectivo #FiscaliaQueSirva.
El documento recoge buenas prácticas existentes en la experiencia comparada de la región, así como las reglas y estándares desarrollados en el marco de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Contactos:
Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la FJEDD
Ursula Indacochea, Coordinadora del Programa de Independencia Judicial DPLF
Marco Fandiño Castro, Coordinador de Estudios y Proyectos CEJA