El Foro se realizó con el objetivo de reflexionar, intercambiar información y propiciar el debate público que contribuya a mejorar los mecanismos de designación de integrantes de órganos superiores de Poderes Judiciales, así como de las procuradurías y fiscalías.
Fue organizado por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Procuraduría de Justicia, Fundación para el Debido Proceso, Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, Consejo Cívico y la asociación Renace.
La inauguración estuvo a cargo del magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; el licenciado Bernardo Jaime González Garza, Procurador General de Justicia en Nuevo León; Ramiro Orías, Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); y el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Presidente del Congreso del Estado.
Al comentar los objetivos del Foro, Ramiro Orías comentó que una de las principales misiones de la organización que representa, ha sido contribuir al fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia y, en este contexto se ha generado un diálogo con autoridades y organizaciones civiles de Nuevo León. Resaltó la importancia de contribuir a la reflexión y al debate público con un dialogo abierto en relación a ciertas guías que contribuyan a mejorar los procesos de designación de las altas cortes de justicia, de las principales autoridades de los sistemas de justicia y del ministerio público.
“Espero que este sea el primero de muchos ejercicios que permitan y fortalezcan la participación ciudadana en temas como la procuración e impartición de justicia”, dijo el Procurador de Nuevo León al hacer uso de la palabra. “Me parece un avance muy significativo lo que hacemos a través de estos foros y estas pláticas. Considero que la forma en que se planteó la designación del Fiscal General en el estado de Nuevo León obedece al respeto y a la voluntad del pueblo”, dijo. Agregó que “el cargo de Procurador General de Justicia o de Fiscal General no sólo representa un honor sino además, un gran reto personal y profesional. Quien acepte las responsabilidades que conlleva debe desde luego, satisfacer sobradamente los requisitos, pero además tener un alto sentido de responsabilidad, dejar ajena la política de su desempeño y ser una persona apasionada por la justicia”.
Por su parte, el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz resaltó la importancia de tema al comentar que la forma en que se designa a los titulares de los tribunales y de la procuraduría impacta de modo directo en la legitimidad del órgano e incluso en su independencia y autonomía.
En lo que respecta a la función jurisdiccional dijo que es de carácter técnico jurídico y el desempeño de la misma, a cargo de los juzgadores, implica un saber técnico al aplicar la norma general al caso concreto. Al ser una función técnica, la mejor vía de ingreso y promoción a la función judicial son los concursos en los que se evalúa conocimiento y antigüedad en la carrera judicial, fundamentalmente; sin embargo en prácticamente en todos los países del mundo también se considera que deben hacerse también con ciertos elementos de procedimientos políticos y la intervención de los otros poderes.
“La complejidad del asunto se centra en encontrar el equilibrio adecuado entre los méritos y las capacidades técnicas y por otro lado, la intervención de órganos políticos en la designación de las altas autoridades de la administración de justicia”, consideró el magistrado presidente.
Al aceptar que no hay una receta que se deba observar universalmente, refirió que hay que buscar el balance adecuado. “Hay que buscar el balance de tal modo que los elementos de los procedimientos en los que intervienen autoridades políticas en la designación de las altas autoridades del sistema de impartición de justicia no terminen politizando la designación”, enfatizó. Agregó que “debe lograrse la mejor fórmula para que las designaciones se traduzcan en órganos fuertes con legitimidad política y social y con plena autonomía e independencia”. Comentó que el tema también cobra importancia ya que en el año 2019 se renovará un tercio de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y el cien por ciento del Consejo de la Judicatura. “Dos años se pasan rápido y es mi esperanza que este Foro contribuya a que con oportunidad vayamos construyendo la normatividad que nos va a permitir al Poder Judicial llegar a ese momento y lograr la renovación del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de una manera que se traduzca en el fortalecimiento, aún mayor, de este Poder Judicial”.
Durante el evento se ofreció la conferencia magistral “Garantías para la independencia judicial en los procesos de designación” a cargo de José de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además se realizaron dos paneles durante el desarrollo del Foro. Uno moderado por el licenciado Martín Sánchez Bocanegra, Director de Renace, en el primer panel se abordó el tema: “Estándares internacionales y profesionalización de los procesos de designación de jueces, magistrados y consejeros de los Poderes Judiciales”, en el que participaron Jose Antonio Caballero Juárez, Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.; Miguel Oswaldo Zárate Martínez, Presidente de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, capítulo Nuevo León; y Úrsula Indacochea, Coordinadora del Área de Independencia Judicial, Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
En un segundo panel, moderado por Úrsula Indacochea, se trató el tema “Estándares internacionales y buenas prácticas en los procesos de designación de autoridades del sistema de procuración de justicia”, en el que participaron Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y Estado de Derecho A.C.; Sandrine Molinard, Directora de Consejo Cívico A.C.; y Consuelo Morales Elizondo, Directora de CADHAC A.C.
Se abundó sobre los elementos que pueden intervenir en los procedimientos de selección tales como mecanismos por convocatoria, definición de perfil idóneo, integración de órganos de selección, opinión de organismos ciudadanos, intervención de los órganos de los poderes públicos políticos, remoción de nombramientos, estándares internacionales; entre otros puntos.
Al concluir los trabajos, el magistrado Arenas Bátiz consideró cubiertos los objetivos del Foro al ampliar los conocimientos y sensibilidad sobre un tema de gran relevancia.
En el Foro participaron representantes de la Procuraduría de Justicia, poderes judiciales, Congreso del Estado, organismos académicos, miembros de colegios de abogados, así como de la sociedad civil, entre otros.
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