En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, la cual había impedido por más de dos décadas la persecución penal de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno que duró desde 1980 hasta 1992. Esta decisión tan esperada como controvertida, ha abierto la puerta para hacer justicia hoy por las atrocidades de la guerra, pero existen voces en contra.
Siguiendo a la Sala, en septiembre de 2016, un juez penal reabrió las investigaciones de la masacre de El Mozote, que habían sido cerradas 23 años atrás en aplicación de la Ley de Amnistía. El Fiscal General de la República ha señalado carecer de recursos para investigar y no ha mostrado, hasta ahora, avances en este ni en ningún otro caso relacionado con el conflicto armado.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad de 1993 más de 75,000 personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecida en doce años de enfrentamiento armado. El 95% de los casos se atribuyen a la Fuerza Armada y grupos paramilitares, y el 5% a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La decisión de la Sala fue bien recibida por organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas aplaudieron la derogatoria de la amnistía, que había sido cuestionada por violar el derecho interno e internacional.
Por el contrario, exmilitares de alta jerarquía, funcionarios de gobierno y políticos de la oposición rechazaron la decisión y advirtieron que de cumplirse daría lugar a una “cacería de brujas” que pondría en peligro la paz. Algunas élites han llamado a las autoridades a priorizar la violencia de las pandillas que azota al país y la gran corrupción, y no buscar culpables en casos que ocurrieron hace más de dos décadas.
En un país con alarmantes niveles de criminalidad y poca efectividad en la aplicación de la ley: ¿La impunidad de los crímenes del pasado contribuye a la impunidad para los crímenes de la actualidad? ¿Existe una conexión entre los métodos utilizados por las organizaciones criminales, la respuesta policial de mano dura y la falta de la atención a las víctimas civiles? ¿Se trata del legado del conflicto armado?
Acompáñenos en esta conversación sobre el futuro de El Salvador sin la Ley de Amnistía, junto a Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; Naomi Roht-Arriaza, profesora del Hastings College of the Law de la Universidad de California y Presidenta del Consejo Directivo de Fundación para el Debido Proceso (DPLF); y Leonor Arteaga, coordinadora del programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos en DPLF. La conversación será moderada por Geoff Thale, Director de Programas de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El evento será transmitido en la página de Facebook de DPLF
Habrá interpretación simultánea
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