En este informe, analizamos percepciones acerca de la finalidad de la prisión preventiva en México.
La prisión preventiva es una de las antinomias insuperables del sistema de justicia penal. El hecho de que una persona pueda ser privada de su libertad mientras tiene lugar un proceso para determinar su responsabilidad en la comisión de un hecho señalado como delito, ha llevado a algunos expertos a la conclusión de que esta medida constituye siempre una pena anticipada. En el derecho internacional de los derechos humanos y en la manera en que se ha construido la dogmática del derecho procesal penal se mantiene, sin embargo, desde una perspectiva formal, la necesidad de construir normativamente presupuestos que permitan indicar qué medida de prisión preventiva es legítima, siempre que se reúnan ciertas condiciones establecidas para su aplicación.
Este reporte de investigación persigue dos objetivos fundamentales, en primer lugar, evaluar el grado de cumplimiento de la regulación nacional mexicana, tanto federal, como de cuatro entidades federativas, con los estándares internacionales de derechos humanos. Enseguida, se pretende hacer un estudio exploratorio respecto de la percepción que determinados actores claves del sistema tienen sobre la aplicación concreta de las medidas cautelares y de la prisión preventiva en México. El primer objetivo se puede describir como una perspectiva normativa interna que requiere evaluar el nivel de armonización del marco jurídico interno con estándares que han sido consensuados por la comunidad internacional para la aplicación de medidas cautelares; el segundo objetivo se refiere a una modalidad empírica de constatación respecto de la manera en que se percibe que el sistema en general, y los jueces en particular, se ajustan con dichos estándares.
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