Ciudad de Guatemala, San José y Washington D.C., 8 de junio de 2016.- El día de ayer, la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, ordenó que 8 de los 10 sindicados en el caso CREOMPAZ deben enfrentar un juicio por desaparición forzada y crímenes contra los deberes de humanidad, sobre la base de pruebas científicas y testimonios de sobrevivientes. Cabe recordar que figuran entre ellos el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, así como el ex oficial S-2 de la zona militar 21, César Augusto Cabrera Mejía. Asimismo concluyó la etapa intermedia del proceso que había iniciado el 3 de mayo de 2016.
En 2012, en el marco de la investigación del caso, fueron hallados 85 cementerios clandestinos en la zona militar de Cobán ⎯hoy sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz, CREOMPAZ⎯, en los cuales se exhumaron las osamentas de 565 personas, entre niños, niñas, adultos y mayores, pertenecientes a los pueblos maya de Poqomchí, Achí, Q’eqchí, K’iché, Poqomchi’, Achi, Q’eqchi’, K’iche’ e Ixil. Hasta la fecha, se ha logrado identificar a 128 víctimas, representadas en el proceso penal por seis organizaciones que actúan como querellantes, y apoyan la labor del Ministerio Público, para poner fin a la impunidad que persiste desde hace más de 35 años.
El pasado 6 de enero, fueron detenidos 14 exmilitares de alto rango, quienes desempeñaron sus funciones en la zona militar 21 de Cobán, entre 1980 y 1987. En esa época, ocurrieron numerosas desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil, cometidas por el Ejército de Guatemala en todo el territorio nacional. Ocho personas siguen prófugas de la justicia en este caso.
Además, en mayo del presente año, el Juzgado dictó la falta de mérito en contra de tres de los exmilitares capturados, y separó del proceso penal a otro de los acusados para determinar su capacidad mental para enfrentar un juicio penal.
Son preocupantes los actos de intimidación ocurridos en el marco del proceso en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos con vinculación al mismo, por parte de personas y organizaciones afines a los militares procesados. Estos hechos evidencian un discurso de odio que pretende desacreditar la verdad y generar un clima de miedo. Cabe recordar que es responsabilidad del Estado brindar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los sujetos procesales y del público presente en las audiencias.
Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado celebran la apertura a juicio en el caso. Esta decisión representa un paso importante para la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado interno en Guatemala, y para el cumplimiento de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar dichos crímenes. Decisiones como ésta, representan el camino a seguir para garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, de las víctimas de estos graves delitos y sus familiares, así como de la sociedad guatemalteca en general.
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