Como coalición de organizaciones de derechos humanos, hemos seguido con gran interés el proceso de selección de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, un tribunal autónomo de última instancia que desempeña un papel crucial en el sistema legal de este país. Las autoridades electorales tienen una oportunidad y un deber único para asegurar que el pueblo guatemalteco tenga magistrados constitucionales honorables, extremadamente capaces, imparciales e independientes. Nos unimos al llamado de Guatemala y de la comunidad internacional, en favor de la conformación de una Corte de Constitucionalidad que fortalezca y contribuya a una sociedad con justicia para todos.